Quizá lo más interesante de la ley de reforma del Sistema Privado de Pensiones (SPP) aprobada esta semana en la Comisión Permanente del Congreso es que muestra que se mantiene en el país un cierto impulso renovador y que ese impulso puede ser aprovechado para algún bien. Por ejemplo, para aumentar en algo las posibilidades de inversión de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), agregando algunos nuevos instrumentos financieros a la lista de los que pueden comprar.

O para comenzar a atar las ganancias de las AFP a la rentabilidad que producen para sus afiliados (es decir, a sus méritos) en lugar de al monto de sus aportes. Sin embargo, lamentablemente, como ya habíamos comentado en dos editoriales anteriores, la lista de desaciertos que la nueva ley contiene es más larga que la de sus pocas contribuciones.

Entre estos desaciertos, acaso los más gruesos estén no en algo que la ley haya hecho, sino en lo que dejó de hacer. Así, uno no puede dejar de preguntarse por el sentido de proporción que hay en centrar la reforma en la disminución de las comisiones que cobran las AFP, dejando (más allá del cambio parcial al que aludimos arriba) básicamente sin ampliar a las opciones que tienen para incrementar la diversificación y la rentabilidad de sus fondos, cuando lo que está en juego para los afiliados en lo primero es absolutamente marginal frente a lo segundo.