La mejor confirmación de lo dañina que es la intención de la ministra de Educación de acabar con la Ley de la Carrera Pública Magisterial (LCPM) son las palmas que ha recibido de la dirigencia del Sutep, el gremio que durante décadas ha boicoteado cualquier intento de establecer una meritocracia en nuestra educación pública y que en su momento intentó con uñas y dientes (además de robos de pruebas) impedir la entrada en vigencia de dicha ley.

La aprobación de la LCPM ha sido, con mucho, la reforma de la educación peruana más importante en décadas. El sistema en el que todos los profesores ganaban igual al margen de sus méritos individuales, pudiendo diferenciarse únicamente por un “logro” –su duración– que puede ser compartido por cualquier piedra, hacía mucho tiempo que era insostenible.

Y lo era no solo por el atentado moral que supone negarles a los individuos su derecho a progresar en función de su esfuerzo y sus aportes, sino también, y sobre todo, por lo que estaba haciendo con los niños del Perú: en el examen último de PISA nuestro país figura en los peores cinco puestos de los 65 países evaluados en todas las materias educativas. Una situación que volvía cualquier defensa del statu quo, como aquella en la que insistía el Sutep, más impúdica que simplemente errónea.