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ollantapresidenteEs una estupenda noticia, que debe ser saludada como manifestación sólida de su compromiso inequívoco con la libertad de expresión, la decisión del presidente Ollanta Humala de observar la autógrafa aprobada para amordazar a la prensa. La decisión del presidente Humala constituye, en ese sentido, una clara toma de distancia frente a un Congreso que, apenas en sus primeros meses, demostró que está conformado por varios impresentables que andan con sangre en el ojo porque la prensa destapó, con rapidez, las fechorías que sí pudieron ocultarle al elector.
La observación del presidente a este intento de limitar la capacidad de la prensa de combatir a la corrupción significa, en particular, una clara respuesta a la iniciativa promovida por el PPC, mediante el congresista Javier Bedoya, con el único fin de vengar la derrota –atribuida a la difusión del ‘potoaudio’– que sufrió Lourdes Flores en la carrera municipal 2010.
El proyecto aprobado en el Congreso el 15 de diciembre pretende encarcelar hasta por cuatro años al periodista que revele comunicaciones obtenidas ilegalmente. Como se comentó en esa oportunidad en esta columna, la intimidad y la privacidad son derechos fundamentales de las personas que los periodistas debemos respetar. Existen, sin embargo, algunas excepciones cuando se trata de personas públicas y la materia es de interés público.
Los periodistas también debemos cumplir la ley y, por tanto, no quebrantarla en el ejercicio de la función, por ejemplo, revelando comunicaciones privadas obtenidas ilegalmente. Hay, sin embargo, como en el caso previo, una excepción referida a los casos en que el ocultamiento de una información recibida pueda implicar un serio perjuicio a la sociedad.
Para obstaculizar el cumplimiento de esa tarea ineludible de la prensa es que el Congreso aprobó este proyecto de ley que, por su redacción confusa y ambigua, es una limitación evidente a la libertad de prensa. Y la indicación de que solo se puede divulgar información sobre hechos delictivos es absurda pues pretende convertir al periodista en juez, lo cual no tiene sentido. Esto impediría, además, revelar hechos que, no siendo delitos, revelan actitudes éticamente inaceptables que la gente debe saber.